Resumen.
Con la entrada en vigencia de la carta de 1991, Colombia redefinio el marco constitucional y normativo para la prestación de los servicios públicos domiciliarios; desde este momento, irrumpe en la escena nacional nuevos actores en el propósito de garantizar al consumidor final ahora usuario eficiente prestación en términos de oportunidad, calidad y cobertura.
