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Resumen en español

Colombia ha tenido legislación acerca de la insolvencia desde mucho antes de que se constituyera en nación independiente. No obstante, la mayor parte de las normas relacionadas con la insolvencia estaban direccionadas a proteger a las empresas y a los comerciantes, ya que se tenía la concepción de que solo ellos necesitaban protección contra la insolvencia. Pero en un mundo donde las empresas pueden arruinar la existencia de las personas del común a través de las deudas, llevándose a familias enteras por delante, la existencia de una legislación en favor de la defensa de las personas naturales no comerciantes, no se ha convertido en un capricho, sino en una necesidad. Aunque a simple vista podría ser perjudicial para los acreedores, porque complicaría recuperar su dinero, no lo es a largo plazo, ya que, en el caso colombiano, lo que se busca es una concertación entre acreedores y deudor para que los primeros puedan recuperar su dinero; y el segundo pueda recuperar sus finanzas. Pero la creación de esta ley, la 1564 de 2012, no ha sido fácil, por cuanto se viene de un intento fallido por vicios de forma y, la legislación actual es en realidad un aparte dentro del Código General del Proceso, pero a pesar de todo, cumple su función y, pese a que en su momento no era muy conocida, cada vez más colombianos van dejando los estigmas, para que acceder al salvavidas legal que busca sanear sus finanzas y, mejorar su nivel de vida.