El Estado colombiano, en Estado social de derecho democrático y participativo, como lo declara la constitución política de 1991, lo que conduce a que las decisiones gubernamentales deberán estar apoyadas en lo establecido por la ley y no en la imposición de las determinaciones basadas en intereses particulares. Por tanto, deben surgir como producto de procesos democráticos con el apoyo de las mayorías, lo que le imprime el carácter participativo e incluyente en el abordaje de las necesidades sociales.