Resumen. El presente estudio investigativo parte de la problemática surgida a raíz de la puesta en marcha de la Ley 1425 del 2010, que derogó los artículos 39 y 40 de la le Ley 472 de 1998 por el cual consagraba el derecho de los actores populares a recibir un incentivo económico, por la defensa de los derechos colectivos a través de las acciones populares.